La Defensoría del Pueblo reveló un preocupante panorama para los periodistas y comunicadores sociales del país. Según una encuesta, el 47,7 % de las vulneraciones de derechos reportadas por los periodistas tienen como responsables a estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común. “Este alarmante dato subraya el peligro constante al que se enfrentan aquellos que ejercen la labor de informar”, expresó la entidad.

El informe destaca que un 21,2 % de los periodistas encuestados señalaron haber sido atacado por líderes políticos, mientras que el 13,2 % indicó que los miembros de las fuerzas militares fueron los agresores. Además, un 12 % de los comunicadores afirmó haber sufrido comentarios amenazantes por parte de personas en entidades públicas, y un 8 % denunció vulneraciones por parte de sus propios empleadores. (Lea: Crean fondo para la protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia de género)

Las amenazas contra la vida e integridad de los periodistas fueron reportadas por el 36 % de los encuestados, mientras que el 37 % señaló haber sido atacado en su derecho a informar y expresarse. El 17 % mencionó vulneraciones a su integridad sicológica y moral, y un 10 % reportó afectaciones en sus derechos económicos y contractuales. (Lea: Aprueban en primer debate proyecto que protegería a denunciantes de corrupción)

En cuando a la intimidación verbal, se determinó como el mecanismo de agresión más común, mencionado por el 37,4 % de los periodistas, seguido por las amenazas telefónicas con un 23 %, y las intimidaciones a través de redes sociales con un 21,4 %.

“Este entorno cada vez más hostil para los periodistas ha llevado a la entidad a emitir un fuerte llamado a los grupos armados al margen de la ley, así como a todos aquellos que buscan silenciar a los comunicadores, para que respeten los derechos humanos y la libertad de prensa”, declara la Defensoría. (Lea: Jaime Garzón, el abogado defensor de la Constitución)

Finalmente, enfatizó en la responsabilidad que tienen los actores políticos y la ciudadanía en general de respetar y proteger el libre ejercicio del periodismo en todas sus formas. “En un país donde la polarización se ha intensificado, convirtiendo las redes sociales en escenarios de violencia verbal y amenazas, se hace imprescindible fomentar un ambiente de respeto y tolerancia hacia la libertad de información”, concluyó.

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