Matrimonio igualitario, contrato realidad para la madres comunitarias, acuerdo de paz, “yo te elijo, tú me eliges”, independencia de la Rama Judicial, magnicidios, corrupción, dosis personal y libertad sin salvedades son solo algunos de los temas más relevantes de un agitado 2016.

No obstante, varios casos importantes para el país quedaron pendientes de resolución este año. Ámbito Jurídico presenta a sus lectores una reseña de los más importantes.

El proceso de paz, bajo la lupa de la Corte Constitucional

El Acto Legislativo para la Paz ha vuelto a cobrar relevancia en razón a que es el instrumento jurídico marco para desarrollar las normas del posconflicto.

La Corte Constitucional tendrá un papel decisivo, pues son varias las demandas que están en curso contra esta reforma. Entre ellas se destaca la del Centro Democrático. Allí se sostiene que dicha normativa representa una sustitución de la Carta Política, además de “presentar vicios que afectan su validez y ponen en peligro el orden institucional del país”.

También se encuentra el expediente D-11768, que fue radicado  a mediados de octubre, en el cual se argumenta la existencia de un vicio de forma en el artículo 5°. (Lea: Procesos de paz terminan con participación en política de quienes dejan las armas: María C. Moreno

Lo anterior porque en el Congreso no se habría debatido desde el comienzo el condicionamiento que indica que todos los instrumentos del acto legislativo solo operarán tras una refrendación popular. Vale recordar que hubo decisión de exequibilidad sobre sus dos primeros artículos.

Ley Zidres

Otro tema central en esta alta corporación judicial será el estudio la Ley 1776 del 2016, que crea y desarrolla las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social – Zidres.

Justamente, la alta corporación realizó una audiencia pública con el fin de recibir información especializada para adoptar una decisión.

Según el escrito, estas disposiciones trasgreden el ordenamiento jurídico superior al delegar de manera tácita a los particulares lo que por mandato le corresponde al Estado.

Por otro lado, se afirma que esta norma es regresiva por cuando disminuye las posibilidades de los campesinos de acceder a la tierra en condiciones de integralidad frente a sus proyectos productivos y de vida. (Lea: Los aspectos ambientales de las zidres)

Conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Para contextualizar sobre este tema, hace unos meses la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, informó sobre la conformación de las cuatro ternas que se presentarían ante el Congreso para la elección de cuatro magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Pero además debe recordarse que esta nueva instancia fue creada en la casi fallida reforma de Equilibrio de Poderes y remplaza en sus funciones a la Sala Disciplinaria. Las otras ternas deben ser presentadas por el Ejecutivo, con el fin de que sean elegidos, en total, siete magistrados. (Lea: Los hechos que tienen en suspenso la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial)

No obstante, todo el proceso que se ha surtido para conformar el nuevo ente de la administración de justicia estaría, nuevamente, en vilo debido a unas decisiones del Consejo de Estado y, en especial, por una demanda que se encuentra en curso en la Corte Constitucional, algo que podría repetir la misma historia del fallido Consejo de Gobierno de Judicial.

El demandante tuvo en cuenta las sentencias C-285 y C-373 del 2016, las cuales concluyeron que el nuevo esquema institucional implica una sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial, que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el constituyente de 1991 y que resulta del todo aplicable para la Sala Disciplinaria.

Caso Petro

En el Consejo de Estado se aplazó el estudio del fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó por 15 años al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El organismo de control le había formulado pliego de cargos por celebrar contratos con operadores de aseo sin tener en cuenta que no contaban con la experiencia y capacidad requerida.

Según la investigación de la Procuraduría, el burgomaestre habría violado el principio constitucional de libertad de empresa, al impedir que otros operadores distintos a las entidades del Distrito Capital prestaran en igualdad de condiciones este servicio público.

Vale la pena precisar que la sanción está suspendida, según decisión proyectada por la consejera Sandra Lisset Ibarra. (Lea: Nuevo pliego de cargos a Petro por expedir el POT mediante decreto)

Palacio de Justicia

De la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, se espera la decisión sobre el recurso de casación interpuesto en el caso del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada de cinco personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

El tribunal declaró la responsabilidad del uniformado como coautor mediato del delito de desaparición forzada, pues, en su calidad de comandante de la Brigada 13 del Ejército, tuvo conocimiento de que se impartieron directrices para la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero no adelantó ninguna acción para evitarlos.

Debe decirse que la misma corporación absolvió hace más de un año al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, acusado como autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera durante el holocausto. (Lea: Las sentencias sobre Plazas Vega y Edilberto Sánchez comparadas)

En suspenso los centros de servicios en la justicia civil

Finalmente, es importante recordar que los sindicatos de la Rama Judicial denunciaron que el Consejo Superior desconoció formalmente los trabajos y recomendaciones de la mesa de concertación que discutía, desde principios de este año, la aplicación del Acuerdo 10445 del 2015, el cual definió la estructura para los centros de servicios judiciales en los juzgados civiles y de familia.

Estos líderes de los trabajadores de la justicia están acudiendo actualmente a los garantes del proceso, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, para que cumplan con su misión de terceros mediadores y “hagan entender a los magistrados del Consejo Superior que actuar por fuera de la mesa de concertación es desleal y refleja un talante arbitrario”, manifestaron. (Lea: Los desafíos de la oralidad civil)

Lo único cierto, por ahora, es que el Acuerdo 10581 del 2016 prorrogó hasta el 30 de abril del 2017 la suspensión de la entrada en vigencia del 10445. De ahí que se siga cuestionando, a punto de cumplirse ya casi año de la entrada en vigor del Código General del Proceso, si la oralidad civil es una realidad o una de esas citas obligadas que se acostumbra a postergar.