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Entra en vigencia ley antiinmigrante en Arizona
20 de Septiembre de 2012
Desde el pasado martes, los policías de Arizona (EE UU) comenzaron a pedir documentos migratorios a los individuos sospechosos de ser indocumentados, tras la entrada en vigor la Ley Antiinmigrantes SB1070.
La norma, ratificada por la Suprema Corte de Justicia de EE UU, faculta a la policía para indagar el estado migratorio de cualquier persona detenida.
“El Estado y los agentes locales tendrán la autoridad para controlar el estatus migratorio de los individuos, pero solo como parte de una detención legal o un arresto, y cuando el agente tenga una sospecha razonable”, explicó la gobernadora republicana Jan Brewer, en un comunicado.
La funcionaria aclaró que nunca afirmó que la ley resolvería los problemas de inmigración ilegal en Arizona. Sin embargo, “representa una herramienta más para colaborar con nuestras autoridades federales en la reducción del crimen y otros impactos asociados con la inmigración ilegal”, explicó.
El 5 de septiembre, la jueza federal Susan Bolton dio luz verde para que este Estado autorizara a la policía para pedir documentos migratorios, al rechazar un amparo interpuesto por organizaciones de derechos civiles.
La ley, que entre otras cosas tipifica el delito de transporte o alojamiento de inmigrantes indocumentados, fue promulgada en el año 2010 por Brewer, y bloqueada poco después por la Suprema Corte.
Luego de estudiar su constitucionalidad, la Corte avaló la sección 2B, que permite que la policía solicite documentos a su discreción, función que en otros Estados cumplen agentes migratorios y no policiales.
Las organizaciones de derechos civiles habían pedido su anulación, argumentando que es imposible aplicarla sin tomar en consideración prejuicios raciales. Sin embargo, la jueza Bolton determinó que esta sección no viola tales derechos.
Las autoridades de Arizona capacitaron a más de 15.000 agentes de la policía sobre la forma como deben aplicar la SB1070. “No es suficiente que la SB 1070 se aplique; debe hacerse cumplir de manera eficiente, eficaz y en armonía con la Constitución y los derechos civiles”, apuntó Brewer.
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