El año del referendo reeleccionista fue el 2009
15 de Octubre de 2018
En el 2009, ÁMBITO JURÍDICO reportaba temas que parecerían de estricta actualidad, como la investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, debate que culminó este año con la implementación de la segunda instancia y la elección de los magistrados que conformarán salas especiales en el alto tribunal.
Este también fue el año en que la misma Sala Penal indicó que los congresistas investigados por parapolítica no podían renunciar a su fuero para evitar la investigación por parte del máximo órgano de la justicia ordinaria.
Ejecutivo sanciona Ley de ‘Habeas Data’
La regulación del acceso, la actualización y rectificación de la información que reposa en los bancos de datos de las entidades públicas y privadas fue regulada por la Ley 1266 del 2008, que garantiza la protección de los datos semiprivados de los ciudadanos, como sus antecedentes financieros y comerciales.
La norma precisa los límites de permanencia de los datos en casos de mora, reglamenta el trámite para interponer reclamos cuando existan errores en la información y contempla una amnistía para los deudores que se pongan al día dentro de los próximos seis meses.
Ley sobre delitos contra la información y los datos electrónicos
El 2009 comenzó con una reforma penal, se sancionó la Ley 1273, que creó los delitos informáticos. La norma castiga la suplantación de tipos web, la transferencia no consentida de activos, la extorsión informática y la violación de datos, entre otras conductas, que van desde los 32 hasta los 120 meses de prisión.
El primer capítulo tipifica siete conductas que atentan contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Las dos primeras son el acceso abusivo y la obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de telecomunicaciones.
Con la consagración de estos delitos, se sanciona a los hackers o piratas informáticos que violan sistemas de seguridad para cometer otras conductas punibles como el bloqueo ilegítimo o la extorsión informática, y a quienes modifican las claves de acceso de una cuenta de correo electrónico luego de haberla conocido por una relación de confianza con su titular.
Aprueban reglas de procedimiento y catálogo de crímenes de la CPI
El Gobierno sancionó la Ley 1268, que aprueba las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes que se juzgan ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Cabe recordar que el Congreso aprobó el Estatuto de Roma en mayo del 2002. Sin embargo, dos días antes de que el entonces presidente Álvaro Uribe asumiera su primer mandato, el gobierno de Andrés Pastrana presentó, ante la Secretaría General de la ONU, un documento en el que establecía una reserva que aplazaba por siete años la competencia de la CPI para juzgar los crímenes de guerra en Colombia.
Esta reserva, que excluye el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los actos de agresión amparada en el artículo 124 del Estatuto de Roma, generó fuertes controversias.
Sus defensores la consideraron una herramienta necesaria para otorgarle al Estado un margen de maniobra en eventuales procesos de paz. Sus detractores, en cambio, aseguraron que era una manera de eludir la jurisdicción de la Corte.
Corte Constitucional amplía protección de parejas del mismo sexo
Las uniones homosexuales obtuvieron un nuevo triunfo jurídico en el mismo escenario en el que han logrado avances importantes en materia de derechos fundamentales: la Corte Constitucional. En este año, el alto tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad de más de 50 artículos, que abarcan asuntos de derecho penal, civil, disciplinario, seguridad social, entre otras materias.
“Acudiendo a derechos como la igualdad, la dignidad y solidaridad, la Corte llegó a una serie de decisiones que indican, esencialmente, que cuando las normas demandadas contienen expresiones como ‘pareja’ o ‘compañeros permanentes’ hacen referencia también a las uniones conformadas por personas del mismo sexo”, explicó el presidente de la Corte Constitucional para la época, Humberto Sierra.
Con esta sentencia se producen cambios importantes, entre los que se destacan la ampliación del carácter de víctima de delitos atroces, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a las parejas del mismo sexo; la interpretación amplia de tipos penales como la violencia intrafamiliar y la malversación de bienes familiares y el derecho a no declarar en contra del compañero o compañera permanente.
Ley de Inteligencia abre debate sobre interceptaciones
En medio de los escándalos relacionados con las interceptaciones de comunicaciones que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizaba sin autorización judicial, el Presidente de la República sancionó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.
Esta norma estableció los objetivos y limitaciones de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, ordenó crear la Junta de Inteligencia Conjunta y la Comisión Legal Parlamentaria de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y endureció las penas consagradas en los delitos relacionados con estas labores.
Dicha ley revivió el debate sobre las funciones de interceptación que, por orden presidencial, le retiraron al DAS.
Corte Suprema divide sus funciones de investigación y juzgamiento de congresistas
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia modificó su reglamento interno de funcionamiento y profirió el Acuerdo 1 del 2009, a través del cual separó las funciones de investigación y juzgamiento de congresistas dentro del alto tribunal.
Con base en lo anterior, de los nueve magistrados que tiene la Sala Penal tres se encargaron de la función de investigar, uno de ellos acusar y los seis restantes, juzgar.
La nueva división de funciones solo rigió para los delitos cometidos por los parlamentarios a partir del 29 de mayo del 2008, fecha en que la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-345. Es bueno recordar que en la actualidad ya se implementó la segunda instancia para el juzgamiento de aforados.
Gobierno sanciona reforma política
Con la aprobación de la reforma política quedaron definidos los mandatos constitucionales que rigen la actividad. La eliminación de las faltas temporales, la posibilidad de inscribirse en un partido político distinto al que dio el aval y la creación de un régimen de responsabilidad para los partidos y movimientos políticos son algunas de las novedades que introdujo el Acto Legislativo 01 del 2009.
La eliminación de las suplencias, uno de los temas más discutidos en el Congreso, se quedó a medias. La silla vacía, que consiste en la pérdida definitiva de la curul, solo se estableció para el miembro de la corporación pública condenado por pertenecer, financiar o promover grupos armados ilegales.
Actualmente avanza la discusión de una nueva reforma política en el Congreso, donde los temas más llamativos son las listas cerradas, paridad en su conformación y la financiación estatal.
El año del referendo reelecionista
El despertar y anochecer del 2009 estuvieron marcados por un hecho jurídico sin precedentes: el trámite que permitiría la segunda reelección presidencial.
Luego de múltiples inconvenientes, la iniciativa culminó su paso por el Congreso y una semana después el Presidente envió la Ley 1354 a examen de la Corte Constitucional.
Congresistas no pueden renunciar a su fuero para evitar ser procesados por la Corte
Aunque renuncien a su investidura, los congresistas siguen siendo investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Esta categórica decisión de la Sala de Casación Penal, producto de un cambio de jurisprudencia, impidió que los parlamentarios implicados en la ‘parapolítica’ renunciaran a su fuero, como estaba sucediendo, para ser procesados por funcionarios de inferior jerarquía.
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