Demandan normas que no permiten atacar el auto que niega pruebas en la etapa previa al juicio disciplinario

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 133 y 134 de la Ley 1952 del 2019, reformada por la Ley 2094 del 2021 (Código General Disciplinario), en lo que se refiere a los recursos de reposición y apelación.

Según el demandante, las disposiciones atacadas, al regular los recursos procedentes en cada etapa del proceso disciplinario, dejan por fuera la facultad de atacar el auto que niega pruebas en la etapa previa al juicio.

Y es que la Ley 734 del 2002 señalaba que el recurso de apelación procedía en cualquier momento contra el auto que negaba las pruebas solicitadas del implicado o quejoso, por lo que se presenta una desigualdad de trato entre una norma y otra sin justificación objetiva, teniendo en cuenta que la nueva normativa tiene mayores garantías.

Por lo tanto, agrega la demanda, el legislador omitió establecer el principio de impugnación en el auto que negaba pruebas en la etapa previa al juicio, todo esto para no contar con verdades negociadas, sino para encontrar una verdad que se acerque a la realidad de las cosas en punto de las posibles faltas disciplinarias o eximentes de responsabilidad.

Contar con una real facultad de atacar el auto que decreta pruebas traería más garantías ante un derecho sancionador, por lo que la ausencia del derecho a usar el recurso de apelación puede ocasionar mayores arbitrariedades frente al implicado en el proceso penal, por ende, ante ese silencio legislativo es forzoso que las normas sean declaradas inexequibles condicionadamente.

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