La Corte Constitucional le pidió al Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas para informarle a la ciudadanía qué diligencias judiciales tienen costo y cuáles deben atenderse gratuitamente.

La decisión del alto tribunal busca desterrar prácticas inadecuadas de cobro, que pueden representar una barrera de acceso a la justicia y un provecho irregular por parte de funcionarios o de particulares.

La Corte impartió esta orden, al negar el amparo del derecho al buen nombre de una persona que laboraba ad honorem en un juzgado, supuestamente vulnerado por una información emitida en un programa periodístico.

La noticia se basó en un video que respaldaba una denuncia sobre la entrega de dineros para solicitar el desarchivo de un proceso.

A juicio de la Corte, como el medio de comunicación cumplió con los requisitos de diligencia, veracidad y cuidado, tenía total libertad de difundir la noticia, aunque con ella se generara “algún tipo de censura o de reproche”. En casos como estos, advirtió el alto tribunal, los servidores públicos deben ser “tolerantes con las críticas” que se les realicen por el ejercicio de su labor.

La decisión añade que el hecho de que el medio de comunicación haya propuesto una rectificación no implica un allanamiento a las solicitudes del accionante, pues, en ejercicio de su facultad de investigación y su función social de informar al público, puede verificar las circunstancias que rodean los hechos motivo de discordia.

En el caso analizado, la Corte comprobó que el medio de comunicación indagó sobre la legalidad de la conducta y evidenció la falta en la que incurrió el tutelante al recibir dinero para adelantar la diligencia judicial.

(C. Const., Sent. T-260, abr. 16/10, M. P. Mauricio González Cuervo)