Fue publicado el informe de conciliación del proyecto de ley 276/23S-364/24C, radicado por los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, que ratifica el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Opcat).

El Opcat es considerado un tratado internacional complementario a la Convención contra la tortura de Naciones Unidas, que Colombia ya ratificó, y busca hacer efectiva la prohibición de la tortura mediante un enfoque basado en la prevención, a través de la instauración de un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención por parte de entidades independientes. (Lea: Aprueban en último debate ratificación del Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura)

Según el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, “este es un mecanismo que permitirá, frente a la política penitenciaria, un esquema de vigilancia y un mecanismo consagrado a controlar actos de malos tratos o tortura y para el Estado colombiano. Este protocolo significa un avance desde la presentación que hicimos junto con otros congresistas, para que esta herramienta pueda ser vigente en el país y aúne esfuerzos en la garantía de los Derechos Humanos en el Gobierno del Cambio”.

Con esta aprobación el Estado colombiano se compromete con dos obligaciones principales: (i) cooperar con el componente internacional y (ii) designar uno o varios mecanismos nacionales de prevención. Estos órganos, el internacional y los nacionales, tienen amplias facultades para acceder a los lugares de privación de libertad y pueden presentar informes y recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones y el trato en la detención. (Lea: Declaran a Chiquita Brands responsable de financiar el paramilitarismo en Colombia)

“La Convención contra la Tortura es un tratado de la máxima relevancia, pues es el instrumento vinculante más completo del derecho internacional, dedicado a prohibir este crimen en cualquier circunstancia. Los Estados que han ratificado la convención se obligan a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”, se establece en el texto aprobado.

Finalmente, se obligan a mantener bajo examen sus normas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas privadas de la libertad, a fin de evitar todo caso de tortura. En el mismo sentido, deberán velar por capacitar e informar sobre la prohibición de la tortura al personal encargado de aplicar la ley.

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