El pasado 18 de septiembre, la jueza federal de Argentina María Servini de Cubría libró las primeras órdenes de captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas, por presuntos crímenes cometidos durante la represión franquista (1936 – 1977), entre ellos, torturas y juicios sumarios seguidos de fusilamientos.

Esta decisión, proferida 77 años después del inicio la Guerra Civil Española, corresponde a la querella presentada ante un juzgado argentino por las víctimas, amparándose en el principio de jurisdicción universal, debido a la denegación del derecho a un recurso efectivo en España.

Al dictar la resolución, Servini solicitó la colaboración de la Interpol y el gobierno español, para la detención de los cuatro implicados, con el fin de recibirles declaración.

En opinión de la jueza, estos delitos “constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal”.

Sobre el caso, la organización Amnistía Internacional (AI) señaló que España debe proceder a la extradición de estas personas, una vez se tramite el correspondiente pedido.

Durante su intervención en el proceso, AI afirmó que el país europeo está incumpliendo sus obligaciones internacionales con respecto al derecho a la justicia de las víctimas, y su deber de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Consulte además:

Querella presentada ante la justicia argentina

Resolución 4591/10 del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires