Aprueban en primer debate proyecto que protegería a denunciantes de corrupción

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 291/23C, que busca establecer las normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales, laborales, económicos y políticos de quienes reporten o denuncien hechos de corrupción.

La iniciativa es impulsada por la congresista Catherine Juvinao, en equipo con el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Transparencia y los representantes María del Mar Pizarro, David Racero y Armando Zabaraín, y tiene como objetivo promover la denuncia de presuntos hechos o fenómenos de corrupción como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, interés indebido en celebración de contratos, prevaricato y soborno. (Lea: En primer debate discutirán proyecto de ley “Jorge Pizano”, para proteger a denunciantes de corrupción)

El texto incluye medidas de urgencia para todas las personas y prioriza a periodistas, líderes sociales y ciertos profesionales que investiguen y denuncien hechos de corrupción, y establece que estas serán extensibles a terceros, como sus familiares y facilitadores. Asimismo, propone la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac), que será una instancia interinstitucional de carácter independiente encargada de coordinar, recomendar y decidir sobre la implementación y el seguimiento de mecanismos de protección de los denunciantes. (Lea: Radican proyecto de ley “Jorge Pizano” para proteger a denunciantes de corrupción)

Esta entidad estará integrada por la Secretaría Transparencia de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior. También podrán asistir representantes de la academia, organizaciones de sociedad civil y empresas del sector privado, delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.

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