El Acto Legislativo 01 del 2011 dispuso que los congresistas no incurrirán en conflicto de intereses cuando participen en el debate y la votación de proyectos de acto legislativo.

Con esta reforma constitucional, el Congreso quedó blindado para aprobar, entre otros, temas como los controvertidos puntos de la reforma a la justicia que acaba de hundir el propio Legislativo.

La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de esa normativa, con base en la posible violación de los artículos 2º, 133 y 183 de la Carta Política.

Para el demandante, es evidente que el Congreso está involucrado en un conflicto de intereses, y que con dicho acto desbordó el límite de sus competencias para reformar la Constitución.

La demanda recuerda que en el conflicto de intereses se desarrolla de manera directa el principio de transparencia democrática, en tanto impide que prevalezca el interés privado del congresista sobre el interés público.

A juicio del demandante, ninguna de las ramas del Poder Público puede modificar sus propias competencias, si con los cambios se afecta el Estado social de derecho

(Demandante: Héctor Germán Ramírez Gasca)