El Consejo de Estado señaló que uno de los principales requisitos para la revisión y aprobación de los planes de ordenamiento territorial (POT) consiste en la solicitud de opiniones a los gremios económicos y profesionales y la realización de convocatorias públicas para la discusión del plan, además de exponer los documentos básicos en sitios accesibles a los interesados y recoger las observaciones para evaluarlas. Esta instancia de participación ciudadana es de riguroso cumplimiento, como lo es también la realización de un cabildo abierto. De igual forma, el alcalde debe formular oportunamente el POT y someterlo a consideración del consejo de gobierno. De esta forma, la corporación confirmó la nulidad de un acuerdo municipal que revisó el POT en el 2004 y que pretendía excluir del suelo de expansión urbana un área que rodeaba una laguna (C.P. María Elizabeth García González).