Tras la interposición de numerosas tutelas de exmagistrados y excongresistas contra la declaratoria de inexequibilidad del régimen especial de pensiones consagrado en al artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado estudia la posibilidad de unificar las diferentes acciones en un mismo expediente. Un primer grupo apunta a responsabilizar a la Corte Constitucional, pues a través de su sentencia C-258 del 2013 estableció que el tope de 25 salarios mínimos fijado en el Acto Legislativo 1 del 2005 también debía cobijar a los adscritos a este régimen pensional. Otro grupo de acciones se dirige contra Fonprecon, que es la autoridad administrativa que rebajó el monto de las mesadas que sobrepasaban el límite, desde el 1º de julio del año anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el fallo. Un tercer grupo de tutelas va dirigido contra las dos autoridades, ya que los accionantes consideran que ambas comparten responsabilidad en la violación de sus derechos fundamentales.