Así lo propone un proyecto de ley que ya cuenta con texto definitivo en primer debate y que cursa en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. La iniciativa pretende modificar el régimen de los servicios públicos domiciliarios y está compuesta por 19 artículos. Actualmente, las empresas prestadoras cobran un cargo por concepto de reconexión y reinstalación para la recuperación de los costos en que incurrieron. El proyecto pretende que las comisiones fijen los cargos que deberán pagar los usuarios por dicho concepto, teniendo en cuenta las particularidades de cada servicio y previo análisis de costos reales, así como la utilización de tecnología que refleje menores costos para la ejecución de estas actividades por parte del prestador. Así mismo, impone la obligación de regular los topes mínimos y máximos en materia de costos por concepto de revisiones técnicas, con el fin de evitar incrementos desmesurados sobre esta tarifa a los usuarios. En caso de convertirse en ley de la República, las comisiones de regulación contaran con 12 meses para expedir los actos administrativos que fijen las respectivas tablas de costos.