2012, el año en que Colombia perdió mar territorial

Pocos fallos han generado tanto debate en el país como el de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el que Colombia perdió 70.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, lo que modificó el mapa del país y elevó el nivel del litigio limítrofe con Nicaragua.

 

El 2012 también será recordado por la aprobación y entrada en vigencia de dos nuevos ordenamientos, el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo (CPACA).

 

Además, empezó a regir el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 del 2011) y se sancionó la Ley Estatutaria del Habeas Data (Ley 1581 del 2012) y el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos (Ley 1579 del 2012). Además, el Congreso aprobó la Ley 1592 del 2012, que reformó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005).

 

 

Una de las pérdidas más importantes para el mundo jurídico ocurrió el 10 de marzo, con el deceso de Fernando Hinestrosa, un jurista y maestro liberal que contribuyó a modernizar el país ampliando los horizontes de la cultura y el conocimiento del Derecho.

 

Además, dentro de esta anualidad se creó la pensión familiar, a través de una reforma a la Ley 100 del 1993. Con la Ley 1580 del 2012 se les permitió a los cónyuges o compañeros permanentes sumar sus cotizaciones para acreditar los requisitos fijados para obtener la pensión de vejez.

 

Cambió el mapa del país 

 

 

El 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dirimió la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, que se ventiló por más de 11 años.  

 

Con este fallo, la CIJ confirmó la soberanía colombiana sobre los cayos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero no acogió la posición de tomar el meridiano 82 como línea fronteriza con Nicaragua. En la nueva delimitación, los cayos Quitasueño y Serranilla quedaron enclavados en la zona marítima reconocida a ese país.

 

La CIJ consideró que ni el tratado de 1928, ni los registros históricos son concluyentes sobre la composición del Archipiélago de San Andrés, por lo que procedió a establecer la frontera marítima que delimita la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y Colombia.

 

Esta decisión también afirmó que no era equitativo que nuestro país quedara con una participación significativamente mayor en extensión marítima a la otorgada a Nicaragua. En conclusión, el fallo significó la pérdida de aproximadamente el 40 % del mar territorial colombiano.

 

Nuevos ordenamientos en materia civil y administrativa

 

En julio del 2012 se expidió el Código General del Proceso (Ley 1564), el cual remplazó gradualmente el Código de Procedimiento Civil y estableció la oralidad como la regla general de los procedimientos civiles, comerciales, agrarios, de familia y asuntos de competencia de particulares y autoridades administrativas que ejercen funciones judiciales y sin una regulación especial. (Lea: IMPORTANTE: Descargue 25 novedades jurisprudenciales sobre el Código General del Proceso)

 

Cabe precisar que, recientemente, una acción de nulidad interpuesta por el director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, Ramiro Bejarano, condujo a la desaparición de varios artículos del Decreto 1736 del 2012, a través del cual, supuestamente, el Gobierno Nacional se limitaba a corregir algunos yerros incorporados en el Código General del Proceso (CGP). (Lea: EXTRA: Anulan varios artículos del Código General del Proceso modificados por decreto)

 

Este mismo mes entró en vigor el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011), que remplazo al viejo Decreto 01 de 1984.

 

Política antitrámites

 

El año 2012 arrancó con la promulgación del Decreto Ley 019, el cual suprimió diligencias innecesarias en materia tributaria, de seguridad social, de tránsito y transporte, de comercio exterior y de contratación pública, entre otras materias.

 

La normativa, entre otras cosas, suprimió el requisito de la huella dactilar en todo documento, trámite, procedimiento o actuación antes las entidades públicas y particulares que cumplan funciones administrativas; estableció que no podrán exigir declaraciones extrajuicio; no podrán rechazarse solicitudes por errores ortográficos, mecanográficos o aritméticos y no se requiere que las conciliaciones se eleven a escritura pública.  

 

También eliminó el Diario Único de Contratación Pública, la publicación de las convocatorias a licitación y creó la ventanilla única para la obtención de licencias y pago de derechos de autor.

 

 

Marco jurídico para la paz

 

Con el Acto Legislativo 01 del 2012 se incluyeron dos artículos transitorios en la Constitución, un marco jurídico de justicia transicional para la terminación del conflicto armado.

 

La reforma autorizó tramitar una ley que definió el tratamiento jurídico diferenciado para los grupos al margen de la ley que negocien la paz y también para los agentes del Estado. También ordenó crear una comisión de la verdad que, además de esclarecer hechos del conflicto, formule recomendaciones sobre los criterios de selección para la investigación judicial.

 

Esta normativa autorizó al Fiscal General de la Nación para fijar los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal y, así mismo, dispuso definir las conductas conexas al delito político, para permitirles a los desmovilizados participar en política.

 

TLC con EEUU

 

Durante la VI Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena los días 14 y 15 de abril, los presidentes de EE UU y de Colombia, Barack Obama y Juan Manuel Santos, respectivamente, anunciaron que el tratado de libre comercio (TLC) suscrito entre ambas naciones entraría en vigencia el 15 de mayo.

 

Para su puesta en marcha, el gobierno colombiano de la época sancionó tres leyes:

 

(i)La protección de derechos de autor de internet (Ley 1520 del 2012)

 

(ii)señales de televisión emitidas por satélite (Ley 1519 del 2012)

 

(iii)protecciónobtenciones vegetales (Ley 1518 del 2012)

 

Además, se expidió el Decreto 730, que aprobó la eliminación de los aranceles para la entrada a Colombia de productos originarios de EE UU. Todas estas normas fueron publicadas el 13 de abril, un día antes del encuentro. En esa oportunidad, Obama también anunció que el término de vigencia de las visas otorgadas a los colombianos pasaría de 5 a 10 años.

 

Objetan reforma a la justicia

 

Finalmente, cuando todo parecía listo y el Ministro de Justicia de la época daba su parte de victoria, la reforma a la justicia fracasó. La reducción de las causales de pérdida de investidura para congresistas y la falta de un régimen de transición para los procesos contra altos funcionarios, entre otras cosas, hicieron que el expresidente Juan Manuel Santos anunciara, en alocución televisada, su objeción a la iniciativa por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.