Atención y reparación a víctimas del conflicto deberá ser una prioridad para el Gobierno

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los representantes de los pueblos étnicos, durante la entrega del informe de seguimiento a la Ley de Víctimas, solicitaron al gobierno de Gustavo Petro aumentar y priorizar la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios. 

De acuerdo con estas entidades, que conforman la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, creada a través de la Ley 1448/11, los recursos destinados en los últimos 10 años a la política pública de víctimas por $ 146 billones han sido “insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país”. (Lea: Senado aprueba prórroga de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras)

Así mismo, aseguró que pese a que se tiene proyectada una inversión de $ 142 billones para los próximos 10 años, estos recursos “continúan siendo insuficientes, y se requeriría un presupuesto aproximado a 2031 de $ 301 billones para garantizar a las víctimas una reparación integral”.  

Según indica el informe presentado, desde la entrada en vigor de dicha ley, “solo se ha indemnizado el 12 % de la población, quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas. En cuanto a la indemnización colectiva de los pueblos étnicos, se resalta que pese a las inversiones de $ 19 mil millones en los últimos 10 años, solo se ha logrado indemnizar al 12 % de las comunidades indígenas y al 9 % de las comunidades afrocolombianas”.

En cuanto al acceso a la salud, evidenciaron que solo 107.779 mujeres víctimas, de 4.528.287, han recibido atención sicosocial, por lo que aseguran que es necesario fortalecer la cobertura en la atención en salud física de hombres, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. (Lea: “Para la Unidad de Víctimas, es vital la prórroga de la vigencia de la Ley 1448”)

Finalmente, recomiendan aumentar la oferta de vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, puesto que “más del 80 % de estas no gozan del derecho. Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar”.