La Corte Constitucional, a través de un reciente fallo de 54 páginas, explicó la declaratoria de exequibilidad del Decreto 731 del 2017, por el cual se dictan disposiciones tributarias para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa (Putumayo), a excepción del artículo 7º, que se condicionó “en el entendido que los beneficios en el tratamiento en la retención en la fuente otorgados a las personas jurídicas comprenden también a las personas naturales que realicen actividades industriales o comerciales y respecto de las rentas derivadas de dichas actividades”. Es necesario recordar que el magistrado Alejandro Linares aclaró el voto respecto de algunas de las consideraciones expuestas en la providencia en relación con el alcance específico de las medidas tributarias examinadas y su vínculo con los principios constitucionales que rigen la regulación en la materia. En el documento adjunto a esta nota encuentre los detalles del fallo (M. P. Iván Humberto Escrucería).