La Corte Constitucional respaldó la mayoría de artículos del proyecto de ley estatutaria reglamentario de la reforma política (P. L. 092/10C-190/10S). Sin embargo, declaró inexequibles las normas sobre depuración del censo electoral, que pretendían reducir el número de ciudadanos aptos para ejercer su derecho al voto a quienes hubieran sufragado en las últimas elecciones, a ciudadanos con cédula obtenida después del último certamen electoral y a quienes la inscribieran antes de la nueva votación. Según el alto tribunal, estas medidas atentaban contra la universalidad y libertad del voto y contra el derecho a la abstención que tienen los colombianos.