La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad, diferida a dos años, del numeral 1.4 del artículo 24 de la Ley 1480 del 2011, a fin de que el Congreso incluya en la información mínima que se exige a productores y proveedores de alimentos las disposiciones relacionadas con el etiquetado de los empaques de alimentos derivados de organismos genéticamente modificados (OGM) para consumo humano, así como para la identificación de materias primas que sean o contengan OGM y que se emplean para la fabricación de alimentos para el consumo humano. En criterio del alto tribunal, la inexistencia de normas que regulen este tema lleva a una situación de grave e inaceptable riesgo para los derechos constitucionales de los consumidores, pues omite informar aspectos tan relevantes como: la forma en que se producen ciertos productos alimenticios; las características más intrínsecas de su composición física; las expectativas de calidad que se generan y, finalmente, porque se trata de información que puede estar ligada a riesgos a la salud (Gloria Stella Ortiz).