La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó una sentencia que anuló los decretos 748 de 1995 y 451 del 2000, por medio de los cuales se crea y organiza el fondo tratamiento de aguas residuales del río Bogotá, para el manejo de los recursos financieros destinados a su descontaminación. En opinión de la sala, por su naturaleza jurídica de fondo cuenta y porque forma parte del presupuesto, el Alcalde Mayor no tenía competencia para su expedición. También, precisó que la facultad constitucional de crear fondos territoriales reside exclusiva y autónomamente en las asambleas, para el caso de los departamentos (artículo 330.5 de la Carta Política), y en los concejos en el caso de los municipios (artículo 313.5) (C. P. Guillermo Vargas Ayala).