Los alivios tributarios para el sector agropecuario previstos en el Decreto 573 del 2020 contribuyen a conjurar la crisis y evitar la expansión de sus efectos, lo cual es acorde con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria durante la emergencia causada por la propagación del coronavirus (covid-19). La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del decreto en mención, precisó que se trata de medidas idóneas y adecuadas a la consecución de la finalidad constitucional perseguida, constituyen medios necesarios en el contexto de la crisis de emergencia para beneficiar al sector productivo de alimentos y, con ello, garantizar la seguridad alimentaria de todo el país. Así mismo, señaló que la norma cumple con los requisitos formales y materiales de este tipo de decretos de excepción, porque busca enfrentar la perturbación económica en el sector agrícola, pesquero, forestal, agroindustrial y rural del país, en tanto tiene como objetivo prevenir una potencial amenaza a la seguridad alimentaria a través de alivios tributarios relativos al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo y Alberto Rojas Ríos salvaron parcialmente su voto, mientras que la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado lo aclaró.