Radican en el Congreso el ‘gran acuerdo nacional por la educación superior’

El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que contiene el “gran acuerdo nacional por la educación superior pública”. Esta iniciativa pretende reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de asegurar una financiación adecuada para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales del país.

La propuesta responde a la necesidad de transformar el modelo actual de financiación, que se basa en los aportes estatales ajustados según el índice de precios al consumidor (IPC), considerado insuficiente para cubrir el crecimiento de la cobertura y los costos educativos.

El proyecto propone sustituir el IPC como referencia para los aportes estatales por el índice de costos de la educación superior (ICES), un indicador más alineado con las necesidades financieras de las instituciones educativas. Según el ministro Rojas, este cambio permitirá que los recursos destinados a la educación superior pública reflejen mejor los costos reales, cerrando así la brecha financiera que actualmente afecta a las universidades. Además, si en algún año el ICES resultara inferior al IPC, se aplicará este último para garantizar que no se pierda poder adquisitivo. (Lea: Sancionan Convenio de reconocimiento de estudios superiores en América Latina y el Caribe)

Un aspecto crucial del proyecto es la asignación de recursos adicionales equivalentes al 0,05 % del producto interno bruto (PIB) en su primer año de implementación. Estos fondos tienen como objetivo fortalecer la capacidad instalada de las universidades, garantizar la sostenibilidad de nuevas seccionales y sedes y mejorar la calidad de la oferta educativa. Esta medida, según el ministro, forma parte de un esfuerzo más amplio para avanzar en el financiamiento y la calidad de la educación superior pública, en línea con el plan nacional de desarrollo del Gobierno.

Durante la presentación del proyecto, el ministro Rojas resaltó que esta iniciativa busca unir a los colombianos en un propósito común que es garantizar una educación pública de calidad para todos. Además, se dejó abierta la posibilidad de que el Estado destine recursos adicionales de manera voluntaria, con el fin de saldar la llamada ‘deuda histórica’ con las universidades públicas, calculada en $ 15 billones. Esta deuda corresponde a los fondos que las instituciones dejaron de recibir debido al cálculo basado en el IPC.

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