Por medio de una carta enviada al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, rechazó la propuesta del mandatario de crear centros de atención médica para adictos a las drogas.

Según el jefe del Ministerio Público, la propuesta es contraria a la Constitución y al interés general de la población: “Su propuesta de distribuir gratuitamente a los adictos drogas que han sido incautadas, con el mismo supuesto objetivo de política  criminal, equivaldría al completo desinterés en la salud y bienestar del adicto por parte del Estado”, señala el documento.

Ordóñez respalda sus afirmaciones en que, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 2 del 2009, “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido”.

Por eso, advierte que resulta contrario al contenido de la norma constitucional considerar que en algunas zonas de la ciudad o del país se permita el consumo de estupefacientes y, mucho menos, que sea la administración quien se encargue de su distribución. 

“Las medidas por usted propuestas, independientemente de contar o no con el aval del Gobierno Nacional, carecen de todo fundamento constitucional o legal, toda vez que supondrían instrumentalizar a los adictos/enfermos con propósitos distintos a procurar su salud”, señala el documento.

Finalmente,  Ordóñez sugirió adoptar las medidas necesarias para que las autoridades controlen las zonas de la ciudad que están bajo la influencia y el dominio de las mafias dedicadas al microtráfico de estupefacientes.