En un informe enviado a la Dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría General de la Nación reveló irregularidades en la contratación realizada por ese instituto.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia informó que se encontraron inconsistencias en contratos de comunicaciones y asesorías jurídicas, pues no se aplicaron en debida forma los principios de transparencia y selección objetiva, no se verificaron correctamente los informes de los contratistas ni se justificaron las funciones de asesoría prestadas a la Dirección General y a la Secretaría General del ICBF.

Además, el Ministerio Público señaló que los convenios de aporte y cooperación suscritos con la Organización Internacional para las Migraciones pudieron haber lesionado el principio de planeación, ya que algunos fueron adicionados con porcentajes del 58,6% y del 244,8% respecto del valor inicialmente pactado.

Adicionalmente, no siempre se aclaró quiénes eran los funcionarios del ICBF encargados de realizar la función de supervisión, no se pactaron medidas para garantizar el desarrollo de los convenios ni se comprobó su remisión a los organismos de control.

El informe muestra la revisión de los denominados contratos de aporte, en los que se identificaron irregularidades en los programas de Alimentación para el Adulto Mayor, de Alimentación Escolar, de Atención Especial para apoyar el restablecimiento de los derechos de los niños con declaratoria de adoptabilidad o que se perfilan para ser adoptados y de Vacaciones en el Extranjero.

En estos casos, la Procuraduría no encontró las actas de inicio ni de terminación de los contratos, ni halló justificación suficiente para suscribirlos. Además, no siempre se cumplió con lo dispuesto en la minuta patrón y se identificaron variaciones en los porcentajes de nutrientes suministrados.