Organismos especiales asumirán la lucha contra la corrupción

A través del Decreto 4632 del 2011, el Gobierno reglamentó la integración y el funcionamiento de la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, creadas por el Estatuto Anticorrupción (L. 1474/11), con la misión de velar por la aplicación y el cumplimiento de esa normativa.

La primera está compuesta por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Auditor General de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de la Nación, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Alto Consejero Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y el titular de la Secretaría de Transparencia, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Esta última dependencia fue creada mediante el Decreto 4637, que suprimió la Secretaría del Consejo de Ministros y el Programa de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Por su parte, el Decreto 4636 designó a los ocho miembros de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, de ternas enviadas por el sector al que representarán.

Se trata de Julián Domínguez Rivera, en representación de los gremios económicos; Elizabeth Ungar, de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la lucha contra la corrupción; Darío Valencia Uribe, de las universidades; Tulio Ángel Arbeláez, de los medios de comunicación; Rogelio Sánchez, de las veedurías ciudadanas; Fredy Vega Fernández, del Consejo Nacional de Planeación; Miryam Luz Triana, de las organizaciones sindicales, y Jaime Rosental, representante de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto.

Estas personas ejercerán sus funciones ad honórem, por un periodo fijo de cuatro años, contados desde su posesión.

La comisión se reunirá, al menos cada tres meses, y cumplirá, entre otras, las siguientes tareas:

• Realizar un informe de seguimiento, evaluación y recomendaciones a las políticas, planes y programas que se implementen en materia de lucha contra la corrupción. Este informe se presentará, al menos una vez al año, al Comité Nacional de Moralización, al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, según la naturaleza de las recomendaciones.

• Impulsar campañas en las instituciones educativas, para la promoción de los valores éticos y la lucha contra la corrupción.

• Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio ético y transparente de las actividades del sector privado y para la prevención de conflictos de intereses.

• Hacerles un seguimiento especial a las medidas adoptadas en la Ley 1474 para mejorar la gestión pública en temas como contratación pública, política antitrámites, democratización de la administración pública, acceso a la información pública y atención al ciudadano.

• Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de alto impacto.

• Realizar un seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en la Ley 1474 para regular el cabildeo, con el objeto de velar por la transparencia de las decisiones públicas.

• Promover la participación activa de los medios de comunicación en el desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupción y al rescate de la moral pública.

• Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los servidores públicos de los cuales tenga conocimiento, en cumplimiento del artículo 92 de la Constitución.

• Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares relacionadas con la moralidad administrativa.

(Presidencia de la República, D. 4632, 4636 y 4637, dic. 9/11)