Minjusticia propondrá sistema de defensa jurídica para combatir la litigiosidad
05 de Noviembre de 2024
El Ministerio de Justicia y del Derecho dio a conocer un proyecto de decreto que fortalecería la defensa jurídica del Estado a través de la creación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE). Este sistema buscaría mejorar la gestión de los procesos judiciales, reducir la carga fiscal derivada de condenas contra entidades públicas y optimizar la resolución de conflictos legales tanto a nivel nacional como territorial. La iniciativa sería establecida por la Ley 2294 de 2023, enmarcada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
Según el proyecto, el SDJE se concibe como una herramienta clave para la eficiencia del ciclo de defensa del Estado colombiano. Su misión sería disminuir el impacto económico de los litigios mediante una coordinación efectiva entre las entidades públicas y el establecimiento de principios como la colaboración armónica, la autonomía territorial y la economía. Además, el sistema promovería la innovación continua, el uso de tecnologías digitales y la analítica para mejorar las prácticas de defensa jurídica. (Lea: Niegan nulidad de elección de la gobernadora de Chocó 2024–2027 por doble militancia).
Este sistema se aplicaría a todas las entidades públicas, que deberán implementar políticas preventivas para evitar conflictos legales y proteger los derechos ciudadanos. Asimismo, se priorizaría el uso de herramientas para analizar y sistematizar la información sobre los litigios, lo que facilitará la identificación de patrones comunes y la implementación de estrategias para reducir la litigiosidad. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la adopción de estas medidas contribuirá a la reducción de la carga judicial y fiscal del Estado.
El Sistema de Defensa Jurídica del Estado no solo buscaría optimizar la gestión de los procesos legales, sino también prevenir futuros litigios. Con un enfoque en la mejora continua y el uso de la tecnología, se espera que este sistema ofrezca soluciones más rápidas y eficaces para los conflictos legales que enfrenten las entidades públicas en Colombia, protegiendo así los recursos del Estado y asegurando el bienestar de los ciudadanos.
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