Gobierno pide que Corte Constitucional revise tutela sobre joven que se suicidó por presunta discriminación sexual

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le solicitó al presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, que esa corporación revise el proceso de tutela iniciado por la madre de Sergio Urrego, el joven estudiante bogotano que se suicidó por un presunto acoso a su condición sexual, ya que la acción fue declarada improcedente por el Consejo de Estado, en segunda instancia.

Según Cristo, este examen adicional es una oportunidad única para la emisión de doctrina constitucional sobre la violación de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo en el sistema escolar. “Solicito a la honorable Corte un examen adicional, por ejemplo, sobre la vigencia de reglamentos escolares que dan tratamientos especiales y diferenciados a relaciones entre miembros del mismo sexo”, puntualizó el ministro.

El funcionario informó que el Ministerio del Interior está elaborando una política integral de prevención, protección y asistencia para la población LGBTI, cuya expedición se tiene prevista para el 2015, bajo los principios de coordinación de las dependencias del Ejecutivo nacional, colaboración armónica entre entidades públicas y corresponsabilidad de las entidades territoriales.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, a raíz del suicidio de Urrego, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca previno y exhortó a las autoridades educativas a adecuar los reglamentos de los planteles a las nuevas realidades de las interrelaciones subjetivas.

En un fallo de tutela, la corporación concluyó que calificar como desviación sexual las manifestaciones de cariño entre estudiantes del mismo género y sancionar estos comportamientos por considerarlos grotescos, al punto de invadir su intimidad, viola los derechos fundamentales de los alumnos.

La sentencia de primera instancia concluyó que el colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba Urrego, desbordó el ejercicio legítimo de la acción correctora, traspasó la razonabilidad y la proporcionalidad de sus potestades disciplinarias y violentó el derecho al buen nombre del estudiante, así como la honra moral de su familia, pues impuso todo tipo de medidas en su contra, como desescolarizarlo y obligarlo a someterse a un tratamiento sicológico para retornar a las aulas, aduciendo que había incurrido en una falta definida como vulgar en su manual de convivencia.