Gobierno fortalece sistema económico de comunidades indígenas del Cric
02 de Septiembre de 2024
El Gobierno nacional expidió un decreto que tiene como objetivo fortalecer el sistema económico propio y promover el buen vivir de los pueblos ancestrales que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Esta normativa busca mejorar la protección y financiación de las unidades productivas indígenas, facilitando la adquisición de insumos, la transformación y la comercialización de productos dentro de un modelo económico sostenible que respete el equilibrio natural.
El decreto estipula que, en un plazo de nueve meses, el Gobierno deberá expedir las reglamentaciones necesarias para implementar acciones claves de esta iniciativa, que incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de protección y financiación, la creación de una política integral de financiación y el desarrollo de un modelo económico adaptado a las necesidades y planes de vida de las comunidades indígenas. Además, se prevé la creación de un centro de innovación y productividad con identidad propia. (Lea: Modifican norma relacionada con seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados por pueblos indígenas)
Este nuevo decreto representa un avance para abordar los problemas sociales, económicos, ambientales y culturales que enfrentan las comunidades del Cric. Proporcionará a las autoridades indígenas las herramientas necesarias para enfrentar la violencia y el conflicto armado y para proteger su territorio y cultura. La norma también reconoce la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) como un instrumento clave para el desarrollo de estas comunidades.
Además, la normativa refuerza las competencias de las autoridades del Cric en la gestión y preservación de sus territorios y sistemas económicos, en concordancia con la Constitución y otras leyes relevantes.
El decreto se aplicará en territorios originarios como resguardos y reservas indígenas, así como en tierras ancestralmente ocupadas por las comunidades del Cric. Para los terceros no pertenecientes a estas comunidades, las autoridades indígenas deberán coordinar con las autoridades públicas, siempre respetando la Constitución y la ley.
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