Como una “discriminación negativa” calificó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, la negativa de la Corte Constitucional a aceptar la participación de la corporación a su cargo en el debate sobre el régimen pensional de los congresistas.

Gómez le solicitó a la Corte que incluyera al Consejo en la convocatoria a la audiencia que se efectuará mañana en el Palacio de Justicia, donde Gobierno, organismos de control y grupos de trabajadores y jubilados del Congreso expondrán su posición frente a una demanda que pide declarar inexequible el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

En su opinión, resulta inexplicable que sea la misma justicia la que decida excluir a uno de sus representantes de un debate de esta trascendencia, sobre todo si se tiene en cuenta que participarán los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Aunque señaló que no se inmiscuirán en la competencia que tiene la Corte para adelantar su examen de constitucionalidad, Gómez defendió la postura de los jueces, y precisó que son los legisladores y los gobiernos los que han puesto las reglas del juego en materia pensional, con normas que el poder jurisdiccional preserva y aplica para conceder derechos.

Según el magistrado, los excesos que se puedan presentar en este sentido no pueden ser atribuibles a la justicia, pues no es la encargada de diseñar la ley, sino de hacerla valer.