Contraloría reveló ineficiencia en ejecución del presupuesto de Prosperidad Social

La Contraloría General de la República culminó una auditoría financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, descubriendo una gestión ineficaz de los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables del país.

En esta auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social hasta el 31 de diciembre del 2023 e identificó 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 podrían haber tenido consecuencias disciplinarias y 10 implicaban una incidencia fiscal significativa de $ 108.869.283.650. Además, se solicitaron dos aperturas de indagación preliminar por $ 46.717.108.000.

Durante el año 2023, Prosperidad Social recibió una asignación presupuestaria de $ 9,8 billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, pero la ejecución de estos recursos fue deficiente, con un compromiso total del 85 % y una pérdida de apropiación de $ 1.459.369.495.179 en 15 proyectos. Las debilidades en la gestión se atribuyeron a problemas en la aprobación de vigencias futuras, demoras en los procesos contractuales y falta de planificación adecuada, lo que impidió la ejecución completa de los recursos asignados.

La auditoría también reveló deficiencias graves en la gestión de datos y en los pagos realizados a través de programas como familias en acción y jóvenes en acción. Los datos no cumplieron con los estándares necesarios de exactitud y coherencia, lo que afectó la toma de decisiones. Se encontraron pagos indebidos a beneficiarios fallecidos y a personas no acreditadas, así como falta de verificación de criterios de permanencia en los programas. (Lea: Contraloría evidenció graves fallas en la gestión de la SAE)

Un hallazgo particular fue la gestión del programa Jóvenes en Acción, cuyo enfoque en la focalización permitió que jóvenes con ingresos superiores al umbral de pobreza continuaran recibiendo beneficios. La falta de cruce de información con otras bases de datos contribuyó a que beneficiarios con ingresos mayores a un salario mínimo permanecieran en el programa, revelando deficiencias en el control y la supervisión de los beneficios otorgados.

Así pues, la Contraloría destacó que estas irregularidades demostraron una insuficiente gestión del presupuesto por parte de los responsables en Prosperidad Social, incluyendo tanto al ordenador del gasto como a los directores de proyectos. Las fallas en la planificación, estructuración y ejecución de los proyectos reflejaron una falta de control y supervisión, que llevó a que recursos cruciales no se utilizaran adecuadamente.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.

Paute en Ámbito Jurídico

Siga nuestro canal en WhatsApp.