Contraloría advierte que 10 millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía

La Contraloría General de la República reveló un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía, situación que podría afectar a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). Según la Contraloría, esta problemática surge debido a demoras en la asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a la falta de gestión del Ministerio de Minas y Energía.

El organismo de control señaló que aunque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio son responsables de garantizar la prestación eficiente del servicio hasta el momento no se ha observado una intervención efectiva por parte de estas entidades. La Contraloría hace un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades involucradas para que tomen medidas que eviten el riesgo de racionamiento y suspensión del servicio. (Lea: Gobierno y empresas de gas acuerdan medidas para evitar desabastecimiento)

Entre las causas de la crisis se destacan la falta de reembolso de los recursos no recaudados durante la pandemia, cuando se congelaron las tarifas para aliviar a los hogares y el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía. Estos factores contribuyen a una posible interrupción en el suministro de energía, lo cual podría afectar gravemente a sectores vitales como salud, educación y comercio.

Además, la Contraloría recordó estudios previos que ya habían alertado sobre los retos en la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe, subrayando la importancia de resolver problemas relacionados con los subsidios y el pago de consumos. La falta de disponibilidad de recursos presupuestales suficientes también afecta la continuidad del servicio, motivo por el cual se iniciarán acciones para determinar responsabilidades disciplinarias.

Finalmente, la entidad advierte a las autoridades locales sobre la gravedad de no asignar adecuadamente los rubros presupuestales para los servicios públicos, considerando esta conducta como una falta disciplinaria grave. La Contraloría trasladará el caso a la Procuraduría General de la Nación para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

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