La Procuraduría modificó la sanción que le impuso por el escándalo de Interbolsa, sustituyendo el fallo de destitución e inhabilidad de 12 años que le había decretado inicialmente por una suspensión de 10 meses en el ejercicio de su cargo. A su juicio, el funcionario incurrió en una falta grave a título de culpa grave, por no hacer uso de las facultades preventivas a él atribuidas por el artículo 6º de la Ley 964 del 2005, que habría disminuido o evitado el perjuicio padecido por los inversionistas de la intervenida comisionista de bolsa. El Ministerio Público también suspendió por ocho meses a Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado para supervisión de riesgo de mercado e integridad; y a Rosita Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada para supervisión de riesgos y conductas de mercado; cabe precisar que frente a la omisión de denuncia que sirvió de sustento a la decisión inicial de destituir a los tres funcionarios hasta ahora reseñados, la Procuraduría los absolvió de responsabilidad. Finalmente, también absolvió al delegado para intermediarios de valores y otros agentes, Luis Fernando Cuadrado Zafra.