La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare ajustado a la Carta Política de 1991 que quienes son beneficiarios del principio de oportunidad estén sujetos a ciertos condicionamientos, como la participación en programas encaminados a superar problemas de dependencia de drogas y sometimiento a tratamientos sicológicos (literales b) y d) del artículo 326 de la Ley 906 del 2004 (modificada por el artículo 4º de la Ley 1312 del 2009)). A juicio del Ministerio Público, estas disposiciones no desconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad ni el principio de la dignidad humana, como se sugiere en la demanda. En su criterio, no resulta desproporcionado, porque el imputado no está obligado a acogerse a estos instrumentos, pero, en cambio, aquellos sí contribuyen a evitar que las víctimas sean objeto de infracciones por parte del procesado. La ponencia será presentada por el magistrado Jorge Iván Palacio.