Se interpuso demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 al 19 del Acto Legislativo 02 del 2015, los cuales modificaron los organismos de administración de la Rama Judicial, incluida la supresión del Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con la acción, la reforma constitucional vulnera la independencia y autonomía de la Rama Judicial y contraría la voluntad del constituyente primario de 1991. Para los actores, con la reforma, el Congreso sustituyó el Estado democrático, la soberanía popular y la supremacía y vinculatoriedad de la Constitución como elementos definitorios de la Carta, pues impone un modelo diametralmente distinto al diseñado por la Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente, destaca, implica una clara pérdida de la autonomía  hacía otras ramas del poder público, por cuanto permite la intervención de ministros del despacho y directores de departamentos administrativo en las reuniones del nuevo Consejo de Gobierno Judicial. Por último, se ataca la determinación de poner en manos de un colegio de abogados la función de disciplinar a los profesionales del Derecho; al respecto, se afirma que tal disposición vulnera el artículo 116 de la norma superior, el cual no le otorga funciones jurisdiccionales disciplinarias a particulares (demandantes: Flavio Eliecer Maya y otros).