El Gobierno Nacional dio a conocer un proyecto de ley que reformaría parcialmente el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, en temas relacionados con la conciliación en diferentes áreas del Derecho.

De esta forma, se modificarían temas sobre la autorización para conocer procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, la regulación de los centros de conciliación, el Programa Nacional de Casas de Justicia, el Sistema Nacional de Conciliación, la creación de los centros de conciliación, las listas de árbitros y las tarifas máximas para los centros de conciliación y las notarías.

En relación con el ejercicio de la judicatura en los centros de conciliación de entidades públicas, la norma prevé que este tendrá una duración de siete meses, pero si es en una entidad sin ánimo de lucro podrá durar nueve meses y ser ad honorem o un año, si es paga.

La norma también regularía lo relacionado con la prestación de servicios virtuales o por medios electrónicos, la resolución de conflictos en el ámbito comunitario y los programas nacionales y locales de justicia en equidad.

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