La concesión de un periodo de tiempo suficiente para que quienes puedan ver afectados sus intereses por causa de la prohibición de vender cigarrillos por unidad encuentren los medios adecuados para obedecerla sin sufrir grave menoscabo en los mismos es muestra de que se respeta y garantiza el principio de buena fe que rige las relaciones entre las autoridades y los administrados. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que declare exequible el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1335 del 2009.