La Procuraduría insistió a la Corte Constitucional que declare inexequible el mecanismo de moción de censura otorgado a los consejos distritales desde el año anterior (artículo 24 de la Ley 1617 del 2013). Pese a que en la demanda solo se atacan los dos incisos finales, que obligan al funcionario a cumplir la decisión tras su aprobación, o a iniciar las acciones judiciales tendientes a su revocatoria, el Ministerio Público se remitió al Concepto 5993 del 2013, mediante el cual sugirió la declaratoria de inconstitucionalidad de todo el artículo. Se trata del expediente D-9605, frente al cual la máxima instancia constitucional se declaró inhibida, (Sentencia C-481 del 2013). Para el Ministerio Público, la norma supone una violación al principio de separación funcional del poder público, pues, desde el punto de vista constitucional, la moción de censura de los concejos distritales se aplica a los secretarios de despacho del alcalde y trae como consecuencia la separación del funcionario del cargo, pero el texto demandado permite aplicarla a varios servidores más y con consecuencias más severas, convirtiendo una figura de control político en una administrativa y judicial.