La Procuraduría General de la Nación respaldó la obligación de los departamentos y el Distrito Capital de asociarse a una persona jurídica de derecho privado para poder participar en el proceso de toma de decisiones sobre los recursos del fondo cuenta especial dentro del presupuesto de la Corporación Conferencia Nacional de Gobernadores. Sin embargo, señaló que la administración de dicho fondo, en el cual se depositarán los recaudos por concepto de impuestos al consumo de productos extranjeros, debe hacerse de acuerdo con las normas propias del derecho público, lo cual implica que el ejercicio de sus prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de sus actos unilaterales, de su contratación, sus controles y responsabilidades serán los propios de las entidades estatales. Por tal razón, le pidió a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad del artículo 224 de la Ley 223 de 1995.