La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de algunos apartes del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la reforma política (P. L. 092/10C-190/10S). Solicitó que en el artículo 7 de la iniciativa se entienda que los resultados de las consultas son obligatorios si en la respectiva consulta no se precisa lo contrario y que la reglamentación que realice el Consejo Nacional Electoral (CNE) se circunscribe a los aspectos técnicos de las consultas internas de los partidos. Respecto al artículo 13, el Ministerio Público solicitó que la competencia del CNE para imponer sanciones a los partidos y movimientos políticos sea residual. Adicionalmente, señaló que la obligatoriedad de constituir auditorías, fijada en el artículo 25, no debe intervenir en el control que realiza la Contraloría General de la República.