Regular la reducción de la multa por infracciones de tránsito no desborda las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el Decreto-Ley Antitrámites, señaló la Procuraduría General de la Nación. Por tal razón, le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el artículo 205 del Decreto-Ley 019 del 2012, que fracciona los montos a pagar dependiendo del tiempo en que se efectúe el mismo y con la condición de realizar un curso pedagógico. Según el Ministerio Público, la norma no afecta la sanción, sino la cuantía o monto a pagar a título de multa, lo que no es propio y exclusivo de un código, como lo argumenta el actor. Además, aunque el no pago de la multa por el contraventor genera consecuencias jurídicas de tipo patrimonial, no implica su detención.