La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-083 del 2014, que declaró exequible la norma que regula la designación de los curadores ad litem (artículo 48.7 parcial de la Ley 1564 del 2012). La disposición indica que la función debe ser desarrollada por un profesional del Derecho en ejercicio, que no tendrá remuneración y supone la obligatoriedad de su aceptación, so pena de someterse a sanciones disciplinarias, salvo que quien es requerido demuestre estar actuando en más de cinco procesos como defensor de oficio. A juicio del Ministerio Público, no se quebranta el principio de igualdad, en tanto que si bien las condiciones para este tipo de curadores difieren de las impuestas a los demás, se justifican, pues se trata de distintos tipos de auxiliares de la justicia. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Alberto Rojas.