Al concluir que la Corte Constitucional solo tiene competencia para pronunciarse sobre actos promulgados, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida de examinar de fondo la demanda contra la fallida reforma a la justicia (proyecto de acto legislativo 007/11S-009/11S-011/11S-012/11S-013/11S-143/11C). De lo contrario, advierte el Ministerio Público, la máxima guardiana de la Carta se vería en la necesidad de exigir la promulgación de este tipo de proyectos, lo cual, insiste, escapa a su resorte. Eso equivaldría, señala el concepto, a hacer un examen de constitucionalidad con base en vicios que impidieron la formación de la norma y no por los vicios procedimentales en su proceso de formación, como lo exige el numeral 1° del artículo 241 superior. La presentación del concepto estuvo precedida por un auto en el cual la Corte Constitucional rechazó el impedimento presentado por el procurador Alejandro Ordóñez para pronunciarse sobre el tema. El magistrado ponente en este proceso es Jorge Iván Palacio.