La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte  Constitucional que declare la inexequibilidad, con efectos diferidos a un año, del Decreto Ley 902 del 2017, que implementa la reforma rural integral, para que en este plazo el Gobierno tramite ante el Congreso la aprobación de los textos que desarrollen integralmente esa parte del Acuerdo de Paz.  Según el concepto del Ministerio Público, la disposición no cumple con el requisito de estricta necesidad, pues no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía  fast track por parte de Ejecutivo. Adicionalmente, se cuestiona que no se incluyera la firma del ministro de Justicia, teniendo en cuenta que hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras. Así mismo, “por tratarse de una normativa con características de código su adopción no está autorizada al Gobierno vía decreto”, agrega el pronunciamiento. En el documento adjunto a esta nota puede detallar los demás argumentos del ente de control.