La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma que permite incorporar y apropiar en el año siguiente los recursos del CREE que en la respectiva vigencia fiscal no fueron ejecutados, a solicitud del ICBF (artículo 28 parcial de la Ley 1607 del 2012). El concepto rendido ante el alto tribunal expresa que la posibilidad de utilizar esos dineros en la siguiente vigencia desconoce la destinación específica de los recursos parafiscales, incluidos sus excedentes y rendimientos financieros, que se establece en la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, el Ministerio Público respaldó la constitucionalidad de las normas que definen los destinos del impuesto, a favor del ICBF y el SENA, incluyendo la disposición que determina que 1,4 puntos de la tarifa corresponden a esta última entidad (artículo 24 y 28 parciales). En igual sentido se pronunció frente a la norma que define quiénes están exentos del cobro del tributo. La ponencia será proyectada por el despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas.