La Procuraduría General de la Nación defendió la constitucionalidad de parte de una norma que limita la atribución de la Policía para restringir la libre locomoción del transporte terrestre, al solicitarle a la Corte Constitucional que declare exequible la expresión “sino para garantizar la seguridad y la salubridad públicas”, contenida en el artículo 99 del Decreto 1355 de 1970. Para el Ministerio Público, esta función se compagina con las funciones propias de este cuerpo civil, en aras de garantizar la libertad y el orden público, pues, entre otras cosas, ello se debe a la posibilidad de decretar tales limitaciones, siempre que estén en riesgo las garantías citadas. Sin embargo, sugirió a la corporación no analizar de fondo otros aspectos de la demanda (M. P. Nilson Pinilla).