La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de la norma que excluye del patrimonio sumergido de la Nación los bienes hallados tras “naufragios, hundimientos o echazones” que hayan ocurrido hace más de 100 años (artículo 2º de la Ley 1675 del 2013). Lo propio sugirió con la disposición sobre los hallazgos que integrarán tal patrimonio (artículo 3º) y aquella que regula el régimen de contratación de las actividades relacionadas con su recolección (artículo 15). A su juicio, los apartes demandados son constitucionales, siempre y cuando el Estado y quien haga las respectivas exploraciones entreguen un informe y muestra de los hallazgos al Banco de la República; que el Ministerio de Cultura privilegie a las entidades estatales en la labor explorativa; que se entienda que todo el material, aunque no haga parte del patrimonio sumergido, pertenece a la Nación y que se tendrá en cuenta una valoración histórica en su enajenación. Finalmente, solicitó a la corporación declararse inhibida frente a los demás aspectos demandados de los artículos 1º y 2º. La ponencia será proyectada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.