La Procuraduría concluyó que la expresión “comunidades negras” a la que aluden varias normas que reconocen el derecho de la propiedad colectiva de terrenos ribereños de ríos de la cuenca del pacífico a una serie de comunidades afrocolombianas no es peyorativa ni discriminatoria y, por tanto, le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequibles varios apartes de las leyes 70 de 1993 y 649 del 2001 y de los decretos 1332 de 1992 y 2374 de 1993. El Ministerio Público recordó que estas disposiciones surgieron por mandato del artículo 55 transitorio de la Constitución y que es ese mismo ordenamiento el que alude a la expresión objeto del reparo. Para la Procuraduría, ni estas leyes ni el texto superior tratan de sugerir una discriminación racial o generar desigualdad social.