La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que establece las condiciones en las cuales la Contraloría puede designar a empleados de libre nombramiento y remoción (artículo 3° parcial del Decreto-Ley 268 del 2000). A juicio del Ministerio Público, se trata de la misma naturaleza de empleos que el artículo 125 de la Constitución exceptúa de la carrera administrativa. Al respecto, recordó las conclusiones de la propia Corte, que estableció que los cargos de libre nombramiento y remoción deben tener funciones directivas, de manejo, de orientación política o institucional y que solo pueden ser aquellos creados de manera específica. El despacho del magistrado Alberto Rojas presentará la ponencia.