Para imponer un régimen de responsabilidad objetiva en materia ambiental no era necesario crear una presunción de culpa o dolo en contra del infractor, pues esto atenta contra el principio de presunción de inocencia y por ende resulta inconstitucional. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que declare inexequible el parágrafo único del artículo 1º y el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009.