La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el artículo 133 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), que establece la prohibición de prebendas o dádivas a trabajadores en el sector de la salud. Según el demandante, la norma fue aprobada sin haber agotado los debates ordenados por la Constitución, pues fue introducida mediante proposición en el cuarto debate, sin discusión previa. Según el Ministerio Público, el artículo se introdujo al proyecto de ley en el cuarto debate y al hacerlo no se incluyó o siquiera leyó el texto del mismo en la plenaria correspondiente, sino que apenas se aludió al mismo y el texto solo se conoció después, por lo que se vulnera el principio de consecutividad.