En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para el ejercicio de funciones públicas a 19 concejales del municipio de Floridablanca (Santander), por otorgar una prima técnica a favor del alcalde del municipio para la época de los hechos, Eulises Balcazar Navarro, sin que los funcionarios tuvieran facultad para ello. Según el Ministerio Público, no era viable que el concejo reconociera tal emolumento al mandatario local, toda vez que el Decreto 1661 de 1991 establece que la prima técnica es únicamente para empleados del orden nacional. Finalmente, la entidad advirtió que los funcionarios incurrieron en el ilícito penal de prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del Código Penal.